La Carta de La Tierra

4 Setiembre, 2016 | Publicado por Juan J Ventre en Valores ,Iniciativa de La Carta de La Tierra

PREÁMBULO

Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras.

LA TIERRA, NUESTRO HOGAR

La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. A la Tierra, nuestro hogar, le da vida una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza hacen que la existencia sea una aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de una biosfera saludable, que contenga todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio ambiente global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos. La protección de la vitalidad de la Tierra, de su diversidad y belleza es un deber sagrado.

LA SITUACIÓN GLOBAL

Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las comunidades están siendo destruidas. Los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier y son la causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables.

LOS RETOS VENIDEROS

La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a nuestra propia destrucción y la de la diversidad de la vida. Se necesitan cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos cuenta de que, una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más. Poseemos el conocimiento y la tecnología necesarios para proveer a todos y para reducir nuestros impactos sobre el medio ambiente. El surgimiento de una sociedad civil global está creando nuevas oportunidades para construir un mundo democrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y espirituales, están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones globales.

RESPONSABILIDAD UNIVERSAL

Para llevar a cabo estas aspiraciones debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con un sentido de responsabilidad universal, identificándonos con toda la comunidad terrestre, al igual que con nuestras comunidades locales. Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo, donde los ámbitos local y global se encuentran estrechamente vinculados. Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud. El espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la vida se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza.

Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores básicos, que brinden un fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, juntos y con una gran esperanza, afirmamos los siguientes principios interdependientes para una forma de vida sostenible, como un fundamento común mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de las personas, organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones transnacionales.

PRINCIPIOS

I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad

Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida, sea cual sea su finalidad, tiene valor para los seres humanos.

Confiar plenamente en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el potencial intelectual, artístico, ético y espiritual de la humanidad.

2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.

Aceptar que el derecho a poseer, a administrar y a utilizar los recursos naturales conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de las personas.

Reconocer que, a mayor libertad, conocimiento y poder, mayor es la correspondiente responsabilidad por promover el bien común.

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas,  sostenibles y pacíficas

Asegurar que las comunidades, independientemente de su nivel, garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales y que asimismo brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno potencial.

Promover la justicia social y económica, posibilitando que todas las personas alcancen un modo de vida seguro y digno, a la vez que ecológicamente responsable.

4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.

Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por las necesidades de las generaciones futuras.

Transmitir a las futuras generaciones aquellos valores, tradiciones e instituciones que apoyen la prosperidad a largo plazo tanto de las comunidades humanas como de las ecológicas de la Tierra.

Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es necesario:

II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.

Adoptar desde todos los niveles planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la conservación y la rehabilitación ambientales como parte integral de todas las iniciativas de desarrollo.

Establecer y salvaguardar reservas viables de la naturaleza y la biosfera, incluyendo tierras silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a proteger los sistemas de vida de la Tierra, se mantenga la biodiversidad y se preserve nuestra herencia natural.

Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.

Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente modificados, que sean dañinos para las especies autóctonas y el medio ambiente; y además, prevenir la introducción de tales organismos dañinos.

Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los productos forestales y la vida marina, de manera que no se excedan sus posibilidades de regeneración y se proteja la salud de los ecosistemas.

Dirigir la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como minerales y combustibles fósiles, de forma que se minimice su agotamiento y no se causen serios daños ambientales.

6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución.

Tomar medidas para evitar daños ambientales graves o irreversibles, especialmente cuando el conocimiento científico al respecto sea incompleto o esté inconcluso.

Hacer que asuman todas las consecuencias de una actuación a quienes argumenten que el desarrollo de cierta actividad no causará ningún daño ambiental significativo y, si se produjera, proceder para que los responsables reparen dicho daño.

Asegurar que en la toma de decisiones sobre las actividades humanas se contemplen las consecuencias acumulativas, las a largo plazo, las indirectas, de larga distancia y las globales asociadas.

Prevenir la contaminación del medio ambiente de todo el planeta y no permitir la acumulación de sustancias radioactivas, tóxicas u otras materias peligrosas.

Evitar actividades militares que deterioren el medio ambiente.

7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.

Reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas de producción y consumo y garantizar que los desechos residuales puedan ser asimilados por los sistemas ecológicos.

Actuar con moderación y eficiencia al utilizar la energía y tratar de depender cada vez más de los recursos de energía renovables, tales como la solar y la eólica.

Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías ambientalmente sanas.

Internalizar la totalidad de los costes ambientales y sociales de bienes y servicios en el precio de venta y posibilitar que los consumidores puedan identificar productos que cumplan con las más altas calidades sociales y ambientales.

Asegurar el acceso universal a la asistencia sanitaria que fomente la salud reproductiva y la reproducción responsable.

Adoptar formas de vida que pongan su énfasis en la calidad de vida y en la suficiencia de bienes materiales en un mundo finito.

8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto del conocimiento que se adquiera, así como su extensa aplicación.

Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre sostenibilidad, con especial atención a las necesidades de las naciones en desarrollo.

Aceptar y preservar los conocimientos tradicionales y la sabiduría espiritual de todas las culturas que contribuyan a la protección ambiental y al bienestar humano.

Asegurar que toda información de importancia vital para la salud humana y la protección ambiental, incluyendo la información genética, sea de dominio público.

III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA

9.  Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.

Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad alimenticia, a la tierra no contaminada, a una vivienda y a un saneamiento seguro, destinando adecuadamente los recursos nacionales e internacionales que correspondan.

Facilitar a todos los seres humanos el acceso a la educación y a los recursos que aseguren un modo de vida sostenible, y proporcionar seguridad social y redes de apoyo a quienes no puedan mantenerse por sí mismos.

Ofrecer ayuda a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que sufren y posibilitarles a todos ellos el desarrollo de sus capacidades y el logro de sus aspiraciones.

10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.

Promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre ellas.

Intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales de las naciones en desarrollo y liberarlas de onerosas deudas internacionales.

Asegurar que todo comercio apoye el uso sostenible de los recursos, la protección ambiental y las normas de calidad laborales progresistas.

Instar a las corporaciones multinacionales y a los organismos financieros internacionales para que actúen con transparencia por el bien público y exigirles se hagan responsables de las consecuencias de sus actividades.

11. Afirmar la igualdad e imparcialidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, al cuidado de la salud y a la oportunidad económica.

Garantizar los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y acabar con toda clase de violencia contra ellas.

Promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la vida económica, política, cívica, social y cultural, como socias plenas e iguales en la toma de decisiones, como líderes y como beneficiarias.

Consolidar las familias y garantizar la seguridad, la cría y el cuidado amoroso de todos sus miembros.

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.

Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en la raza, el color, género, orientación sexual, religión, idioma, nacionalidad y el origen étnico o social.

Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, tierras y recursos y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible.

Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para que ejerzan su papel esencial en la creación de sociedades sostenibles.

Proteger y restaurar lugares destacados por su relevancia cultural y espiritual.

IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.

Asegurar el derecho de cada individuo a recibir información clara y oportuna sobre asuntos ambientales, así como de los planes y actividades de desarrollo que le puedan afectar o en los que tenga interés.

Apoyar a la sociedad civil local, regional y global y promover la participación significativa de todos los individuos y organizaciones interesados en la toma de decisiones.

Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y discrepancia.

Establecer el acceso efectivo y eficiente a los procedimientos administrativos y judiciales independientes, así como las soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la amenaza implícita a tales daños.

Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas.

Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan cuidar de su propio medio ambiente y asignar la responsabilidad ambiental a las áreas de gobierno desde las que se vaya a ejercer de la manera más efectiva.

14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.

Brindar a todos, especialmente a los niños y a los jóvenes, oportunidades educativas que les capaciten para participar activamente en el desarrollo sostenible.

Promover la aportación que desde las artes y las humanidades, al igual que desde las ciencias, pueden ofrecer para la educación en sostenibilidad.

Intensificar el papel de los medios de comunicación en la toma de conciencia sobre los retos ecológicos y sociales.

Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida sostenible.

15. Tratar a todos los seres vivos con respeto y consideración.

Prevenir la crueldad contra los animales domésticos y evitarles el sufrimiento.

Salvaguardar a los animales salvajes de métodos de caza, pesca y trampeo que les causen un sufrimiento extremo, prolongado o evitable.

Descartar la destrucción o apropiación de especies por simple diversión, negligencia o desconocimiento, o cuanto menos evitarlas hasta donde sea posible.

16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.

Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre todos los pueblos, desde dentro de las naciones y entre ellas.

Implementar estrategias amplias y globales para prevenir los conflictos violentos y gestionar y resolver los problemas ambientales y otras disputas desde la colaboración.

Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad hasta un nivel o régimen de defensa no provocativa y emplear los recursos militares para fines pacíficos, incluyendo la restauración ecológica.

Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otros artefactos de destrucción masiva.

Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior se comprometa con la protección ambiental y la paz.

Reconocer que la paz es la integralidad creada por las relaciones correctas con uno mismo, con otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la Tierra y con el todo más grande, del cual somos parte.

EL CAMINO HACIA ADELANTE

Como nunca antes en la historia, nuestro destino común nos insta a buscar un comienzo nuevo. Dicha renovación es la promesa de la Carta de la Tierra. Para hacerla realidad, debemos comprometernos a adoptar y a promover los valores y objetivos de la Carta.

El proceso requiere un cambio de mentalidad y de corazón; requiere adoptar además, un nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos desarrollar y aplicar imaginativamente a nivel local, nacional, regional y global, la visión de un modo de vida sostenible. Nuestra diversidad cultural es un patrimonio precioso y cada cultura encontrará su propia forma de desarrollar estos objetivos. Debemos profundizar y ampliar el diálogo mundial que generó la Carta de la Tierra porque hay mucho que aprender de todos los que participan en la búsqueda de la verdad y la sabiduría.

En la vida a menudo se producen conflictos entre valores importantes que implica tener que tomar decisiones difíciles; sin embargo, se debe buscar la manera de armonizar la diversidad con la unidad, el ejercicio de la libertad con el bien común, los objetivos a corto plazo con las metas a largo plazo. Todo individuo, familia, organización y comunidad, tiene un papel vital que cumplir. Las artes, las ciencias, las religiones, las instituciones educativas, los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos han sido instados a brindar un liderazgo creativo. La alianza entre gobiernos, sociedad civil y empresas, es esencial para la gobernabilidad efectiva.

Con objeto de construir una comunidad global sostenible las naciones del mundo deben renovar su compromiso con las Naciones Unidas, deben cumplir con sus obligaciones en relación a los acuerdos internacionales existentes, así como apoyar la implementación de los principios de la Carta de la Tierra por medio de un instrumento internacional, legalmente vinculante, sobre medio ambiente y desarrollo.

Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida.

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Fuente: http://cartadelatierra.org

La exclusividad y el valor de la palabra

3 Setiembre, 2016 | Publicado por Juan J Ventre en Valores ,Exclusividad

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Encomendar la gestión de negocios inmobiliarios a una empresa profesional de mediación garantiza a las partes la realización de un negocio seguro en el que se pueden obtener beneficios mutuos.

Tanto para el comprador como para el vendedor, para el arrendador como para el arrendatario, la mediación profesional es el modo idóneo para lograr una culminación exitosa para un proceso que resuelve y satisface necesidades específicas.

El conocimiento del mercado emanado de la experiencia y del atento estudio de la actualidad, permite a los mediadores el desarrollo de exitosas operaciones. Para las empresas que trabajan con la máxima responsabilidad, la exclusividad   determina una atención dedicada, resolviendo los negocios en tiempos razonables.

En ocasiones no se percibe el riesgo de ofrecer una venta o un alquiler simultáneamente a través de varias inmobiliarias. No es cierto que esa acción permita el acceso a un mayor número de posibles interesados. Ese modo de actuar apareja siempre una innegable depreciación.  A la vez, recurrir a varias inmobiliarias para comprar o alquilar, implica -para los interesados- una innecesaria pérdida de tiempo.

Los profesionales responsables saben que cada propiedad tiene un comprador o un inquilino especial y único. Su misión es permitirle a ese comprador o a ese inquilino el acceso a la propiedad que busca. Para lograrlo, el mediador que tenga la exclusividad, cuenta no sólo con sus propios clientes, sino además, con la colaboración de  sus colegas de confianza. La confianza del cliente implica la responsabilidad de recurrir a los mejores medios para asegurar una transacción exitosa.

Quien que toma decisiones acertadas sabe que otorgar una exclusiva es el paso fundamental para lograr su objetivo y en su momento, se agradece a sí mismo por acertar en la elección del mejor profesional y paga sus honorarios satisfecho con el resultado.

¿Es necesario firmar un documento?  No a esta empresa. Confiamos en nuestros clientes.

La lealtad recíproca es posible: el buen profesional no colecciona firmas para luego demandar el cobro de comisiones.  Simplemente logra concretar negocios y se gana sus honorarios sin reclamarlos, por el alto grado de satisfacción de sus clientes. 

Del punto de vista legal, el derecho al cobro de honorarios se  adquiere cuando el mediador profesional, en relación de causalidad directa, obtiene:

  • la aproximación de las partes
  • el acuerdo negocial y
  • el otorgamiento del contrato que corresponda.

 

Juan J. Ventre

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Vivienda de Interés Social

24 Agosto, 2016 | Publicado por Juan J Ventre en Seguridad jurídica ,Vivienda de Interés Social

Viviendas de Interes Social en Uruguay

En el marco del Plan Nacional de Viviendas se aprobó una ley que declara de interés nacional la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda de interés social, permite mantener y mejorar el nivel de ocupación laboral, procura canalizar la inversión privada hacia la industria de la construcción ofreciendo beneficios tributarios relevantes  y aporta elementos de estabilidad social.

Transcribimos la Ley 18795 y su Decreto reglamentario.

Fuente: Diario Oficial Nº 28305, 12 de setiembre de 2011

Ley Nº 18.795 | Vigencia Setiembre 2011

ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

CAPÍTULO I

BENEFICIOS TRIBUTARIOS A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Artículo 1º. (Interés nacional).- Declárase de interés nacional la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda de interés social, definida esta última de acuerdo a la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, modificativas y concordantes.

Artículo 2º. (Proyectos y actividades promovidas).- Podrán acceder al régimen de beneficios establecidos en la presente ley, en tanto sean declarados promovidos por el Poder Ejecutivo:

A) Los proyectos de inversión vinculados a la construcción, refacción, ampliación o reciclaje de inmuebles con destino a la vivienda de interés social, tanto en el caso en que los referidos inmuebles tengan por destino la enajenación, como cuando se destinen al arrendamiento o al arrendamiento con opción a compra. Quedan incluidos en este literal los proyectos destinados a la adquisición de viviendas de interés social construidas, refaccionadas, ampliadas o recicladas al amparo de la presente normativa para su posterior arrendamiento y los que desarrollen los fondos sociales y las cooperativas de vivienda en cualquiera de sus modalidades, en tanto tales viviendas cumplan con las condiciones generales establecidas en la presente ley.

B) Las actividades específicas asociadas a la mejora en las condiciones de oferta y demanda de viviendas de interés social.

Artículo 3º. (Objetivos).- A efectos del otorgamiento de los beneficios se tendrán en cuenta aquellos proyectos y actividades que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

A) Amplíen significativamente la cantidad de viviendas de interés social disponibles destinadas a la venta, arrendamiento, o arrendamiento con opción a compra y, en el caso de las cooperativas, al uso y goce de los socios cooperativistas.

B) Faciliten el acceso a la vivienda de los sectores socio-económicos bajos, medios bajos y medios de la población.

C) Contribuyan a la integración social y al mejor aprovechamiento de los servicios de infraestructura ya instalados.

D) Mejoren las condiciones de financiamiento y garantía para la adquisición, el arrendamiento o el arrendamiento con opción a compra de viviendas de interés social.

E) Fomenten la innovación tecnológica en materia de construcción edilicia.

Artículo 4º. (Beneficios tributarios).- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar los siguientes beneficios a los proyectos y actividades promovidas:

A) Exoneración de los impuestos que gravan la renta originada en las actividades o proyectos declarados promovidos. Esta exoneración podrá comprender a la renta o al propio impuesto.

B) Deducción íntegra a efectos de la determinación de la renta gravada por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, del costo de adquisición de los inmuebles en los que se construyan, refaccionen, amplíen o reciclen las viviendas comprendidas en las actividades o proyectos declarados promovidos. Dicho costo solo podrá deducirse en tanto sea necesario para obtener y conservar las rentas comprendidas en las actividades y proyectos promovidos que no hubieran sido exonerados en virtud de lo dispuesto en el literal anterior.

C) Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los inmuebles cuya construcción, refacción, ampliación o reciclaje se haya declarado promovida. Dichos bienes se considerarán activo gravado a los efectos del cómputo de pasivo.

D) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los ingresos derivados de las actividades de enajenación, construcción, refacción, ampliación y reciclaje de viviendas. Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito por el impuesto incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinados a integrar el costo de tales operaciones, así como por el impuesto correspondiente a las adquisiciones que realicen los fondos sociales y las cooperativas de vivienda con destino a su actividad de construcción.

E) Exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, a la parte enajenante, a la parte adquirente o a ambas, en el caso de hechos generadores vinculados a la primera trasmisión patrimonial de inmuebles destinados a la vivienda cuya adquisición, construcción, refacción, ampliación o reciclaje hubiera sido declarada promovida.

F) Exoneración del IVA aplicable a los servicios de garantía vinculados al arrendamiento y adquisición de inmuebles destinados a la vivienda de interés social.

G) Exoneración del Impuesto al Patrimonio aplicable a los activos afectados a la prestación de los servicios de garantía a que refiere el literal anterior. Dichos activos se considerarán gravados a efectos del cómputo de pasivos.

Artículo 5º. (Declaratoria promocional).- Créase la Comisión Asesora de Inversiones en Vivienda de Interés Social (CAIVIS) que asesorará al Poder Ejecutivo a efectos de otorgar la correspondiente declaratoria promocional. El Poder Ejecutivo reglamentará la integración, funcionamiento, plazos y facultades de dicha Comisión.

La Agencia Nacional de Vivienda actuará como órgano asesor de la Comisión, debiendo pronunciarse en forma preceptiva sobre todas aquellas iniciativas que promuevan el otorgamiento de exoneraciones tributarias. Asimismo asistirá a la Comisión en las tareas de secretaría y en todas las demás tareas de apoyo que le sean requeridas vinculadas a la evaluación y seguimiento de los proyectos y actividades promovidas.

Artículo 6º. (Incumplimiento).- En todos los casos, el Poder Ejecutivo deberá requerir las garantías que entienda pertinentes, para el efectivo cumplimiento por los beneficiarios de las obligaciones vinculadas al otorgamiento de beneficios tributarios, sin perjuicio de la reliquidación de tributos, multas y recargos que puedan corresponder en caso de verificarse el incumplimiento. La reglamentación establecerá los ámbitos de actuación de la Agencia Nacional de Vivienda y de los organismos recaudadores en las tareas de contralor del cumplimiento de las referidas obligaciones.

CAPÍTULO II

FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Artículo 7º. (Creación).- Créase en la Agencia Nacional de Vivienda un Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, que tendrá por finalidad otorgar garantías parciales para la concesión de créditos hipotecarios destinados a personas físicas, para la adquisición de una vivienda de interés social, siempre que esta revista la calidad de única vivienda del sujeto del crédito.

Artículo 8º. (Naturaleza).- El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios será un patrimonio de afectación independiente, sin personería jurídica, que será administrado por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), la que ejercerá las facultades de dominio sin ser propietaria, para cumplir los cometidos asignados en esta norma y en la Ley Nº 18.125, de 27 de abril de 2007 y sus modificativas.

El patrimonio del Fondo no responderá por las deudas de la ANV.

Artículo 9º. (Recursos).- El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios se constituirá con los siguientes recursos:

A) El valor de las primas que perciba de las entidades acreedoras, tal como se definen en el artículo 10 de la presente ley, como contraprestación por el otorgamiento de garantías, de acuerdo al sistema regulado por esta ley.

B) Los aportes que se reciban con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización u otras contribuciones que sean previamente aprobadas por la Agencia Nacional de Vivienda, como administradora del Fondo de Garantía.

C) Los montos recuperados de acuerdo al artículo 13 de esta ley y toda otra suma que el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios pudiera percibir a raíz del mecanismo de garantía previsto en la presente ley.

D) Las donaciones, herencias, legados y demás aportes públicos y privados que reciba.

Artículo 10. (Mecanismo de la garantía).- El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios podrá garantizar préstamos hipotecarios otorgados por parte de entidades sujetas a la autoridad o control del Banco Central del Uruguay (en adelante, individualmente, "Entidad Acreedora" y colectivamente, "Entidades Acreedoras"), de acuerdo a los requisitos establecidos en esta ley y los que se establezcan en la reglamentación que se dicte por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

La ANV, actuando como administradora del Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios podrá aceptar o rechazar las solicitudes de garantía, en función de las condiciones que establezca la reglamentación, en especial la calidad crediticia del deudor o la valuación de garantías.

Artículo 11. (Pago de la garantía).- Cuando el tomador del préstamo incumpliere con sus obligaciones, la Entidad Acreedora comunicará dicho extremo a la Agencia Nacional de Vivienda, la que deberá hacer efectivo el pago de la garantía, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 12. (Ejecución).- A efectos de la ejecución judicial del crédito hipotecario, la Entidad Acreedora podrá acudir al mecanismo de ejecución judicial simplificada de crédito hipotecario para vivienda, establecido en el Capítulo III de la Ley Nº 18.125, de 27 de abril de 2007 y sus modificativas, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley.

La Entidad Acreedora deberá comunicar a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) el inicio de las acciones judiciales de ejecución dentro de los cinco días de haber presentado la demanda.

La ANV, por el solo hecho de haber otorgado la garantía, estará facultada para acceder, consultar, comparecer, retirar en confianza y notificarse de cualquier actuación en el expediente judicial de ejecución hipotecaria promovido por la Entidad Acreedora, sin que ninguno de estos actos implique sustitución del acreedor, convalidación de actuaciones o conversión de la ANV en parte de dicho proceso. Asimismo, la ANV estará facultada para adquirir el inmueble en el remate que promueva la Entidad Acreedora y en caso de resultar mejor postor, estará exonerada de depositar la seña.

La ANV quedará subrogada de pleno derecho por el equivalente a lo pagado en virtud de la garantía que hubiese otorgado.

Artículo 13. (Destino de las sumas recuperadas).- En caso de remate, la liquidación del crédito y entrega del bien se regirán por lo dispuesto en el artículo 388 del Código General del Proceso, sin perjuicio de lo que se dispone a continuación.

Las sumas resultantes de la recuperación de deudas morosas, cuyas garantías ya se hubieran cancelado con cargo al Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, deberán ser destinadas en el siguiente orden, al pago de:

A) Los tributos judiciales.

B) Los gastos y honorarios del rematador interviniente.

C) Los gastos y honorarios por servicios prestados por los depositarios y tasadores judiciales.

D) Los honorarios profesionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley Nº 18.125, de 27 de abril de 2007 y sus modificativas.

E) El saldo impago del crédito para única vivienda otorgado por la Entidad Acreedora interviniente, incluidos los intereses pertinentes a prorrata del porcentaje correspondiente a cada una de las Entidades Acreedoras, si hubiera más de una.

F) La suma abonada por el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios más los intereses correspondientes.

Artículo 14. (Administración de créditos).- La administración de los créditos amparados por el sistema de garantías previsto en esta ley, será realizada en todo momento por la Entidad Acreedora que otorgó el préstamo garantizado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) tendrá derecho a solicitar información y realizar controles sobre los préstamos garantizados, teniendo derecho de acceso irrestricto a toda la información de los deudores. A estos efectos, las Entidades Acreedoras no podrán invocar el secreto profesional para negarse a brindar ningún tipo de información. La ANV, por su parte, estará obligada a utilizar la información recibida únicamente con fines internos, estando estrictamente prohibida la divulgación total o parcial de dicha información a otros agentes públicos o privados. La violación de esta prohibición acarreará las responsabilidades previstas en el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Artículo 15. (Impuestos).- El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios creado en virtud de lo dispuesto en la presente ley, estará exonerado de todo tributo con excepción de las contribuciones especiales de seguridad social. Igual tratamiento recibirá la Agencia Nacional de Vivienda, por los tributos que pudieran corresponderle en su condición de administradora del referido Fondo.

Exonérase del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a las trasmisiones de bienes inmuebles cuyo hecho generador se origine en la ejecución de créditos hipotecarios garantizados por el referido Fondo.

Artículo 16. (Actuación de la Agencia Nacional de Vivienda).- Agrégase al artículo 11 de la Ley Nº 18.125, de 27 de abril de 2007, el siguiente literal:

"C) Administrar el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios".
Artículo 17. (Utilización de fideicomisos de garantía).- Cuando las Entidades Acreedoras decidan garantizar préstamos destinados a única vivienda mediante la creación de fideicomisos de garantía, de acuerdo a la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003, se aplicará el mecanismo de garantía previsto por esta ley.

CAPÍTULO III

INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Artículo 18. (Requisitos).- Se considerarán regidos por las normas referentes a la propiedad horizontal y sus unidades podrán ser objeto de traslación de dominio o afectación con derechos reales en forma individual, los edificios construidos que cumplan a su respecto los siguientes requisitos:

A) Que se haya concedido por la Intendencia respectiva el permiso de construcción del edificio de que se trate y que se haya aprobado por la misma Intendencia el plano proyecto de fraccionamiento horizontal, conforme a los cuales han sido realizadas las construcciones y será atribuido el dominio separado de las unidades.

B) Que se haya inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el plano de mensura y fraccionamiento horizontal concordante con el plano proyecto aprobado por la Intendencia respectiva y efectuado el empadronamiento y avalúo fiscal de las unidades que indica dicho plano.

C) Que el edificio se encuentre en condiciones de habitabilidad suficientes para el uso al que se destine cada una de las unidades y sus bienes comunes, según la certificación que se presentará ante la institución financiera que otorgue el crédito hipotecario con la garantía de alguna unidad habitacional emergente de la horizontalidad a que refiere este artículo. Dicho certificado será suscrito por el arquitecto director de obra y por el ingeniero agrimensor y dejará constancia que:

1) Las edificaciones se corresponden con el permiso de construcción aprobado.

2) Las mismas se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa aplicable en materia de propiedad horizontal.

3) Responden en un todo a la reglamentación municipal vigente.

4) No existe pendiente sobre ellas ninguna observación o medida administrativa por parte de la respectiva Intendencia.

5) Las unidades así como los bienes comunes de uso exclusivo y general del edificio se encuentran en condiciones de accesibilidad, pudiendo darse a dichas edificaciones un uso seguro, autónomo y confortable.

D) Que se contrate el seguro contra incendio previsto por el artículo 20 de la Ley Nº 10.751, de 25 de junio de 1946, en la forma establecida por el literal C) del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974, considerándose la prima correspondiente como expensa común.

E) Que se otorgue el Reglamento de Copropiedad en el cual se constituya la hipoteca recíproca conforme a lo dispuesto en el literal D) del artículo 5º y en el artículo 6º del Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974.

F) Que simultáneamente al otorgamiento del mencionado Reglamento se suscriba por parte de la Institución Financiera pública o privada a que refiere el literal C) precedente, un préstamo hipotecario en relación a por lo menos una de las unidades que integran el edificio dividido.

Artículo 19. (Horizontalidad definitiva).- La horizontalidad emergente del cumplimiento de los requisitos determinados en el artículo anterior tendrá carácter definitivo, no rigiendo lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 30 de la Ley Nº 10.751, de 25 de junio de 1946. Todo ello sin perjuicio de las facultades de la Intendencia respectiva de fiscalización de la obra, otorgamiento de la habilitación final y adopción de las medidas administrativas pertinentes, así como de las responsabilidades de los técnicos intervinientes en su caso.

Las diferencias en la configuración de las unidades y bienes comunes producidas por el proceso de implantación de la obra, que sean objeto de mensuras futuras, no requerirán ratificación de los instrumentos otorgados en su oportunidad, entendiéndose que los derechos y obligaciones generados por éstos se hacen extensivos a dichas diferencias.

Artículo 20. (Horizontalidad adquirida).- Los edificios construidos al amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 10.751, de 25 de junio de 1946, incluidos aquellos que hubieren obtenido horizontalidad por imperio del Capítulo III del Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974 y de la Ley Nº 16.760, de 16 de julio de 1996, que carezcan de habilitación final y con prescindencia de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, se considerarán con horizontalidad adquirida definitiva, en tanto se cumpla con los siguientes requisitos:

A) Los establecidos en los artículos 5º y 6º del Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974.

B) Que se hayan ocupado una o más unidades del edificio por un plazo mayor de diez años, lo que se acreditará mediante documento público o privado con fecha cierta.
El plazo de diez años se contará en todos los casos, a partir de la fecha cierta del referido documento.

Artículo 21. (Exigencias instrumentales).- En todos los actos y contratos relativos a inmuebles regidos por el régimen de propiedad horizontal y comprendidos en la presente ley, las exigencias instrumentales se adecuarán a lo dispuesto por el artículo 41 del Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974, en lo aplicable.

Artículo 22. (Alcance).- Las normas del presente Capítulo no afectan ni modifican el régimen vigente en materia de propiedad horizontal.

Las mismas podrán aplicarse a cualquier edificio sin necesidad que sus unidades constituyan viviendas de interés social.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 23. (Modificación del artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay).- Agrégase al artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.125, de 27 de abril de 2007, el siguiente literal:

"J) Otorgar créditos en moneda nacional, unidades indexadas o unidades reajustables, para la refacción o ampliación de la vivienda sin garantía hipotecaria a:

1) Personas físicas.

2) Personas jurídicas para viviendas de sus integrantes.

Estos créditos solamente pueden otorgarse en caso que el Reglamento que dicte el Banco Hipotecario del Uruguay a efectos de instrumentarlos sea aprobado por el Poder Ejecutivo".

Artículo 24. (Derogación).- Derógase el artículo 46 de la Ley Nº 5.343, de 22 de octubre de 1915, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.100, de 23 de diciembre de 1980.

Artículo 25. (Modificación del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974).- A partir de la vigencia de la presente ley, los depósitos en garantía de arrendamientos previstos en el Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, se realizarán en Unidades Indexadas.

Facúltase a los bancos y a las cooperativas de intermediación financiera a recibir esta modalidad de depósitos, con el alcance y las condiciones establecidos en dicha norma legal.

Los depósitos en garantía de arrendamientos no generarán intereses.

Artículo 26. (Régimen de excepción).- Para la enajenación, cesión o constitución de gravámenes respecto de las viviendas que siendo de interés social revistan la calidad de económica, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y concordantes y aquellas designadas como núcleos básicos evolutivos según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, se prescindirá de los certificados previstos en los artículos 662 a 668 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 27. (Modificación del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974).- Sustitúyese el inciso tercero del literal A) del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974, por el siguiente:

"Estos requisitos se acreditarán por certificación de arquitecto o ingeniero".

Artículo 28. (Actuación de la Agencia Nacional de Vivienda en los fideicomisos que se establecen).- Cuando la Agencia Nacional de Vivienda, en su calidad de fiduciaria de activos provenientes de la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay, los aportes para la constitución de un nuevo fideicomiso cuyo fin principal sea comenzar o continuar obras de construcción de viviendas, podrá ocupar la posición de fideicomitente y fiduciaria del mismo.

Artículo 29.- Sustitúyese el artículo 447 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley Nº 17.596, de 13 de diciembre de 2002, por el siguiente:

"ARTÍCULO 447.- Los bienes inmuebles adjudicados o enajenados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o adquiridos con subsidios otorgados al amparo de lo establecido en el Capítulo V de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y sus modificativas, quedan gravados por el término de veinticinco años con derecho real a favor del Ministerio citado por el monto equivalente al subsidio asignado debiendo constar el mismo en la escritura respectiva sin perjuicio de la depreciación prevista en el artículo 70 de la mencionada ley, en la redacción dada por el artículo 341 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. Cuando la adquisición de un inmueble con subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hubiera sido financiada en forma complementaria con un préstamo hipotecario concedido al adquirente por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) o cualquier institución de intermediación financiera, de lo cual se deberá dejar constancia en la escritura respectiva, el derecho real previsto en este inciso, pierde su rango en relación con los créditos hipotecarios referidos.
En caso de ejecución del inmueble sujeto a dicho gravamen, el Juzgado interviniente, el BHU o la ANV deberán solicitar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la información relativa al monto del subsidio reajustado y no depreciado, en función del tiempo transcurrido. Dicho monto deberá ser reembolsado al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente una vez satisfecho el préstamo hipotecario referido en el inciso primero, siempre que se hubiere otorgado el mismo.

Cuando el subsidio otorgado hubiera representado el 90% (noventa por ciento) o más del precio correspondiente según así resulte de la escritura respectiva, el inmueble será inembargable en tanto no transcurra el plazo de inalienabilidad establecido en el artículo 70 citado o se hubiera producido el reembolso del subsidio no depreciado. Este beneficio se aplicará exclusivamente al adjudicatario del subsidio habitacional directo o a sus causahabientes.

La presente disposición regirá para todas las enajenaciones ya efectuadas, así como para las que realice en el futuro el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, siempre que sus adquirentes hubieran recibido subsidio".

    Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de agosto de 2011.

DANILO ASTORI,
Presidente.
Hugo Rodríguez Filippini,
Secretario.

Ministerios del INTERIOR, RELACIONES EXTERIORES, ECONOMÍA Y FINANZAS, DEFENSA NACIONAL, EDUCACIÓN Y CULTURA, TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. SALUD PÚBLICA, GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA, TURISMO Y DEPORTE, VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE y DESARROLLO SOCIAL.

Montevideo, 17 de agosto de 2011.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se declara de interés nacional la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda de interés social.

JOSÉ MUJICA. EDUARDO BONOMI. LUIS ALMAGRO. FERNANDO LORENZO. ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO. RICARDO EHRLICH. ENRIQUE PINTADO. ROBERTO KREIMERMAN. EDUARDO BRENTA. JORGE VENEGAS. TABARÉ AGUERRE. HÉCTOR LESCANO. GRACIELA MUSLERA. DANIEL OLESKER.


Fuente: Diario Oficial Nº 28.325, 11 de octubre de 2011..

DECRETO Nº 355/011 
Vivienda de Interés Social –Reglamentación.

Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Defensa Nacional,  Educación y Cultura, Transporte y Obras Públicas, Industria, Energía y Minería, Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública. Ganadería, Agricultura y Pesca, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Turismo y Deporte y Desarrollo Social.
Montevideo, 6 de Octubre de 2011

Visto: la aprobación de la Ley Nº 18.795, de fecha 17 de agosto de 2011, de Promoción de la   Vivienda de Interés Social;

Resultando: que en su capítulo I se declara de interés nacional la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda de interés social y se prevé el otorgamiento de beneficios tributarios a los proyectos que se declaren promovidos;

Considerando: I)  que  resulta  necesario  reglamentar  aspectos  vinculados a dichos proyectos y al otorgamiento de los referidos beneficios; II) que la norma se enmarca en las políticas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, lo cual constituye un objetivo estratégico contenido en el Plan Quinquenal de Vivienda 2010-2014; III) que, a tales efectos, la norma busca estimular la inversión del sector privado destinada a la vivienda de interés social, de forma que incida favorablemente en las condiciones de acceso de los sectores de ingresos bajos, medios bajos y medios de la población;

Atento: a lo dispuesto por el artículo 168º numeral 4º de la Constitución de la República,  la Ley Nº 18.795, de 17 de agosto de 2011 y a lo expuesto precedentemente,

El Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros

D E C R E T A:

Capítulo I

Declaratoria Promocional

Artículo 1º.- (Declaratoria Promocional).- El Poder Ejecutivo podrá declarar promovidos los proyectos de inversión referidos en el literal A) del artículo 2º de la Ley Nº 18.795, de 17 de agosto de 2011, en tanto cumplan con los requisitos dispuestos en la misma, en el presente decreto y demás disposiciones reglamentarias. A tal fin, el interesado deberá presentar su proyecto ante la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), quien lo evaluará y remitirá su pronunciamiento a la Comisión Asesora de Inversiones en Vivienda de Interés Social (CAIVIS), creada por el artículo 5º de dicha norma legal, para su posterior asesoramiento al Poder Ejecutivo, quien dictará el acto de Declaratoria Promocional. Los referidos pronunciamientos de la ANV y de la CAIVIS son preceptivos y no vinculantes.

Artículo 2º.- (Requisitos para la solicitud).- Para solicitar la Declaratoria Promocional, el interesado deberá presentar ante la ANV, según corresponda, lo siguiente:
a) Nota de solicitud.
b) Presupuesto de obra.
c) Cronograma de obra.
d) Anteproyecto de arquitectura.
e) Plano de ubicación.
f) Carta compromiso, la que tendrá carácter de declaración jurada.
g) Documento de Aptitud Técnica (DAT) expedido por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), para los sistemas constructivos no tradicionales.
h) Tarjeta de Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva (DGI), destinada exclusivamente a la ejecución del proyecto promovido.
i) Otros recaudos que la ANV determine.
La ANV podrá rechazar la solicitud que no se presente con los requisitos antes referidos u otorgar plazo para su regularización.

Artículo 3º.- (Plazo).- Para expedir su asesoramiento al Poder Ejecutivo, la CAIVIS dispondrá de un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la correspondiente  documentación y evaluación remitida por la ANV. Dicho plazo podrá ser suspendido por un lapso no mayor a 20 días hábiles, a efectos que el interesado presente la información complementaria que le sea solicitada. Si vencido el plazo no presentara dicha información, se lo tendrá por desistido de la solicitud de Declaratoria Promocional.

Artículo 4º.- (Valoración positiva).- Si la CAIVIS no se expide dentro del plazo a que refiere el  artículo anterior, se entenderá que recomienda la Declaratoria Promocional solicitada.

Artículo 5º.-   (Características de las viviendas).-  Podrán  declararse  promovidos  los  proyectos  de inversión vinculados a la construcción, reciclaje, refacción o ampliación de viviendas de interés social, cuando las mismas posean las siguientes características:
a) Cuenten con áreas habitables iguales o superiores a 32 metros cuadrados e iguales o inferiores a 107 metros cuadrados, de acuerdo con la cantidad de dormitorios según lo definido por la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, modificativas y concordantes; y,
b) se localicen en zona urbana con infraestructura instalada. No se promoverán proyectos ubicados en zonas donde predomine el uso de las viviendas de temporada. Asimismo, el MVOTMA, con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá determinar requisitos arquitectónicos específicos, definir zonas y establecer requerimientos diferenciales para éstas.

Artículo 6º.- (Precio máximo de enajenación).- A los efectos del presente decreto, el MVOTMA, con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá fijar, por zonas, precios máximos de enajenación de las viviendas.

Artículo 7º.- (Reciclaje, refacción y ampliación).- Sólo se podrán declarar promovidos, los proyectos de reciclaje, refacción o ampliación de viviendas de interés social que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: a) Incremento mínimo del 25% de los metros cuadrados construidos por vivienda. b) Incremento mínimo del 50% del valor de mercado de cada vivienda, como consecuencia de las obras realizadas. A tales efectos, la CAIVIS podrá solicitar a la ANV las tasaciones que considere pertinentes. c) Aumento del número de unidades habitacionales en un mismo padrón. A los efectos del presente decreto se entenderá por: Reciclaje: a la transformación del edificio existente mediante intervenciones que tiendan a su rehabilitación, que implique el surgimiento de al menos una vivienda adicional, por medio de la refuncionalización o adaptación del edificio a las condiciones de habitabilidad actuales, pero conservando los caracteres espaciales y los elementos estructurantes de la tipología original. Refacción: a la reestructuración edilicia y a la recuperación de la edificación existente. Ampliación: al incremento en los metros cuadrados construidos sobre una estructura existente.

Artículo 8º.- (Características de la inversión).- Sólo se podrán declarar promovidos los proyectos de inversión vinculados a la construcción, reciclaje, refacción o ampliación de viviendas de interés social, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Construcción de un mínimo de 2 (dos) viviendas. No se promoverán proyectos que impliquen una cantidad de viviendas mayor a 100 (cien) en un mismo padrón.
b) Reciclaje que implique, como mínimo, el surgimiento de una vivienda adicional. No se promoverán proyectos que impliquen una cantidad de viviendas mayor a 100 (cien) en un mismo padrón.
c) Refacción o ampliación de un mínimo de 2 (dos) viviendas.
d) En los proyectos de refacción, inversión mínima de 100.000 UI (cien mil unidades Indexadas), por vivienda.
Facúltase  al  MVOTMA,  con  la  conformidad   del Ministerio  de Economía y Finanzas, a establecer excepciones, debidamente justificadas, al máximo de viviendas establecido en los literales a) y b).

Artículo 9º.-  (Proyectos financiados  por el  Fondo  Nacional de  Vivienda y  Urbanización).-  No  se podrán declarar promovidos los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización.

Capítulo II

Beneficios tributarios

Artículo 10º.-   (Beneficios  tributarios  a  la  construcción,  reciclaje,  refacción  o  ampliación).-  Los proyectos de inversión vinculados a la construcción, reciclaje, refacción o ampliación de viviendas de interés social, que sean declarados promovidos, accederán a los siguientes beneficios:
a) Exoneración de las rentas derivadas de la primera enajenación de las viviendas promovidas a los efectos del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).
b) Exoneración del Impuesto al Patrimonio, por las obras en construcción (terrenos y mejoras), al cierre del ejercicio en que se presentó la solicitud de exoneración y por los ejercicios siguientes hasta aquél en que finalicen las obras. Dichos activos se considerarán gravados a efectos del cómputo de pasivos. Las viviendas terminadas cuyo destino sea la enajenación, estarán exoneradas del Impuesto al Patrimonio en el ejercicio en que finalicen las obras. Dichos activos se considerarán gravados a efectos del cómputo de pasivos. Si las mismas se destinaran al arrendamiento, regirá lo dispuesto en el literal g).
c) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la primera enajenación de las viviendas y devolución del impuesto incluido en las adquisiciones en plaza de bienes y servicios destinados a integrar el costo directo de las mismas. Sólo se admitirá la devolución del IVA de aquellos bienes o servicios incorporados a la obra civil. La devolución se hará efectiva mediante certificados de crédito, que expedirá la DGI, por el procedimiento aplicable a los exportadores.
d) Exoneración del IVA a la importación de bienes destinados a ser incorporados a la obra civil.
e) Exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, aplicable a la parte enajenante y adquirente en la primera enajenación.
f) Si las viviendas se destinaran al arrendamiento, exoneración -a los efectos del IRAE-, de las rentas, durante el ejercicio en que finalice la obra y los nueve posteriores, según el siguiente detalle: - 100% (cien por ciento) de las rentas generadas por el arrendamiento de viviendas ubicadas en las zonas que a tales efectos determine el MVOTMA, con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas, o cuando el arrendamiento se efectúe a través del Fondo de Garantía de Alquileres (FGA) del MVOTMA. - 40% (cuarenta por ciento) de las rentas generadas por los restantes arrendamientos.

g) Si las viviendas se destinaran al arrendamiento, exoneración del Impuesto al Patrimonio al cierre del ejercicio en que finalice la obra, siempre que se encuentren arrendadas al momento de dicho cierre. Para los nueve ejercicios siguientes, dicha exoneración operará siempre que las viviendas hubieran estado arrendadas al menos seis meses en cada ejercicio. Dichos activos se considerarán gravados a efectos del cómputo de pasivos.
Los beneficios otorgados a los arrendamientos serán aplicables solamente a las viviendas permanentes, definidas según el artículo 21º de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, siempre que los contratos tengan un plazo igual o mayor a 12 meses.

Artículo 11º.- ( Beneficios  tributarios  a  las  Cooperativas  de  Vivienda  y  Fondos  Sociales ).-    Las Cooperativas de Vivienda y Fondos Sociales que construyan, reciclen, refaccionen o amplíen viviendas de interés social, en el marco de un proyecto declarado promovido, tendrán derecho a la devolución del IVA incluido en las adquisiciones en plaza de bienes y servicios destinados a integrar el costo directo de las obras. Sólo se admitirá la devolución del IVA de aquellos bienes o servicios incorporados a la obra civil. La devolución se hará efectiva mediante certificados de crédito, que expedirá la DGI por el procedimiento aplicable a los exportadores. Asimismo, las importaciones de bienes destinados a ser incorporados a la obra civil, estarán exonerados de IVA.

Artículo 12º.- (Beneficios tributados a la adquisición para arrendamiento).- Los sujetos que adquieran las viviendas de interés social, que hayan sido objeto de la declaratoria promocional a que refiere el artículo 1º, cuyo destino sea el arrendamiento, accederán a los siguientes beneficios:
a) Exoneración de las rentas originadas durante el ejercicio en que finalice la obra y los nueve siguientes, a los efectos del IRAE, del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a las Rentas de los No Residentes, según el siguiente detalle:
- 100% (cien por ciento) de las rentas generadas por el arrendamiento de viviendas ubicadas en las zonas que a tales efectos determine el MVOTMA, con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas, o cuando el arrendamiento se efectúe a través del FGA del MVOTMA.
- 40% (cuarenta por ciento) de las rentas generadas por los restantes arrendamientos.
Las rentas exoneradas del IRPF, no se considerarán a efectos de la aplicación de los límites a que hace referencia el literal J) del artículo 27º del Título 7 del Texto Ordenado del año 1996.
b) Exoneración del Impuesto al Patrimonio por las viviendas adquiridas, hasta el ejercicio en que hayan transcurrido diez años desde la finalización de la obra, siempre que se encuentren arrendadas al cierre del ejercicio en que fueron adquiridas y al menos seis meses en cada uno de los ejercicios restantes. Dichos activos se considerarán gravados a efectos del cómputo de pasivos.
Los beneficios otorgados a los arrendamientos serán aplicables solamente a las viviendas permanentes, definidas según el artículo 21º de la Ley Nº 13.728 de 17 de diciembre de 1968, siempre que los contratos tengan un plazo igual o mayor a 12 meses.

Artículo 13º.- (Finalización de obras).- A los solos efectos del presente decreto, se considerará que una obra ha finalizado cuando la CAIVIS así lo determine, en función del cronograma de obra, el control y seguimiento del proyecto.

Artículo 14º.- (Otros beneficios).- Los beneficios que otorga el presente decreto y la ley que reglamenta, son incompatibles con otros beneficios tributarios promocionales.

Artículo 15º.- (Dispensa de retención o percepción).- No serán objeto de retención o percepción, los tributos que gravan rentas y el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (17) exonerados al amparo de la Ley que se reglamenta. A esos efectos, el interesado deberá presentar ante el sujeto pasivo responsable, constancia emitida por la CAIVIS que acredite dicho extremo.

Capítulo III

Ejecución de los Proyectos

Artículo 16º.- (Obligaciones del beneficiario).- El beneficiario estará obligado, entre otros, a:
a) Brindar la información y documentación necesarias para el seguimiento del proyecto, dentro de los plazos que establezca la ANV.
b) Ejecutar la obra de acuerdo con el presupuesto de obra y anteproyecto de arquitectura aprobado, y demás compromisos asumidos.
c) Enajenar la vivienda por un precio inferior o igual al máximo establecido, cuando correspondiere.

Artículo 17º.- (Inicio de las obras).- El beneficiario deberá presentar ante la ANV el permiso de construcción aprobado por la Intendencia correspondiente, en un plazo de 90 días corridos desde la notificación de la Declaratoria Promocional e iniciar las obras dentro de los 180 días corridos y siguientes a la presentación del permiso. Vencidos los plazos, se lo podrá tener por desistido del proyecto, perdiendo los beneficios otorgados, salvo causas fundadas no imputables al interesado.

Artículo 18º.- (Seguimiento).- La ANV revisará la información suministrada por el beneficiario y controlará la ejecución de los proyectos, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos. Dicho control se limitará única y exclusivamente a la constatación del cumplimiento de los requisitos dispuestos por Ley Nº 18.795 y sus normas reglamentarias, y a los solos efectos de los beneficios otorgados.

Artículo 19º.- (Plazo de ejecución).- Los beneficiarios deberán ejecutar sus proyectos dentro del plazo correspondiente al cronograma de obra presentado, para lo que contarán con un margen de tolerancia del 40% del mismo. No obstante, el beneficiario podrá solicitar a la CAIVIS la prórroga del plazo, la que en todos los casos la otorgará, por el lapso que entienda necesario, siempre que se mantengan las condiciones del anteproyecto original. Vencida la misma, la CAIVIS podrá evaluar el otorgamiento de nuevas prórrogas. Si vencido el plazo original o cualquiera de sus prórrogas, el beneficiario no culminare la ejecución del proyecto, el Poder Ejecutivo podrá revocar la Declaratoria Promocional.

Artículo 20º.- (Incumplimientos).- La CAIVIS deberá informar al Poder Ejecutivo los incumplimientos de las obligaciones asumidas por el beneficiario en el marco de la Ley Nº 18.795 y sus normas reglamentarias, el cual podrá revocar la Declaratoria Promocional y decretar la pérdida de los beneficios otorgados, comunicándolo a la DGI. Si se verificara el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios, tanto en el suministro de información como en los aspectos sustanciales de la ejecución y operación del proyecto, se deberá dejar de aplicar los beneficios y proceder a su reliquidación, más las multas y recargos correspondientes. A tales efectos:
a) El interesado deberá brindar la información y presentar la documentación necesaria para el seguimiento del proyecto, de acuerdo con el artículo 18º.
b) El incumplimiento a la ejecución del anteproyecto arquitectónico se considerará configurado cuando se aparte de los requisitos arquitectónicos específicos establecidos por el MVOTMA, de acuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 5º párrafo final.
c) La enajenación de la vivienda no podrá superar el precio máximo establecido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º.
Facúltase al MVOTMA a definir los criterios de evaluación de los incumplimientos, así como de las situaciones previstas en el artículo 17º.

Capítulo IV

CAIVIS

Artículo 21º.- (Integración).- La CAIVIS estará integrada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y un representante del MVOTMA, con sus respectivos alternos. Cada ministerio designará y removerá a sus representantes.

Artículo 22º.- (Cometidos).- Corresponde a la CAIVIS:
a) Asesorar al Poder Ejecutivo, en forma preceptiva y no vinculante, a efectos de otorgar la correspondiente Declaratoria Promocional.
b) Realizar la evaluación y seguimiento de los proyectos.
c) Sugerir las modificaciones al Poder Ejecutivo sobre la reglamentación vigente.

Artículo 23º.- (Facultades).- Para el cumplimiento de sus cometidos, la CAIVIS tendrá las siguientes facultades:
a) Aprobar sus reglas de funcionamiento.
b) Establecer requisitos para la evaluación de proyectos.
c) Proponer los procedimientos que la ANV aplicará en las tareas que le sean solicitadas, cuando no cuente con los mismos.
d) Solicitar a la ANV las tareas de apoyo que considere necesarias, tales como, tasaciones, control y seguimiento de proyectos, informes de evaluación.
e) Controlar la gestión de la ANV.
f) Otorgar prórrogas para la ejecución de las obras de acuerdo con lo previsto en el artículo 19º.
g) Determinar el momento en que se produce la finalización de la obra.
h) Emitir constancias u otros recaudos que estime pertinente.
i) Informar al Poder Ejecutivo los incumplimientos del beneficiario.
j) Comunicarse y requerir información de personas públicas y privadas.
k) Otras que sean necesarias para su correcto funcionamiento y cumplimiento de sus cometidos.


Capítulo V

Disposiciones varias

Artículo 24º.- (Proyectos con obras en curso).- Podrán declarase promovidos los proyectos con obras en curso a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el mismo y cuyo inicio de obras no sea anterior al 1º de enero de 2011. Los beneficios se otorgarán exclusivamente para los tributos generados a partir de la Declaratoria Promocional.

Artículo 25º.- (Declaración).- En los documentos públicos o privados en los que se instrumente la enajenación de las viviendas promovidas, el beneficiario deberá declarar que la misma se realiza al amparo de la Ley Nº 18.795, de 17 de agosto de 2011.

Artículo 26º.- Comuníquese, publíquese, etc.

JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; JORGE VÁZQUEZ; ROBERTO CONDE; FERNANDO LORENZO; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; RICARDO EHRLICH; ENRIQUE PINTADO; ROBERTO KREIMERMAN; NELSON LOUSTAUNAU; LEONEL BRIOZZO; TABARÉ AGUERRE; HÉCTOR LESCANO; GRACIELA MUSLERA; DANIEL OLESKER.

El corretaje inmobiliario

18 Agosto, 2014 | Publicado por Juan J Ventre en Seguridad jurídica ,Corretaje inmobiliario

De una clase magistral de Carlos López Rodríguez sobre EL CORRETAJE INMOBILIARIO, publicamos aquí las conclusiones.

Recomendamos el estudio atento de la totalidad de la clase, siguiendo el enlace al pie de esta transcripción.

Conclusiones


1. En nuestro concepto, la relación entre la inmobiliaria y su cliente es de carácter mercantil y se encuentra regulada en nuestro Código de comercio, en el capítulo dedicado al corredor (capítulo I, del título III, de los Agentes Auxiliares del Comercio). La actividad de la inmobiliaria no es más que una especie del género corretaje.

2. Como el capítulo referido no contiene una regulación integral de este contrato, es relevante determinar si existe algún contrato que guarde analogía con el corretaje, a los efectos de la labor integrativa que pudiera corresponder (artículo 16 C.C.).
De las múltiples teorías desarrolladas a este respecto, entendemos que las más apropiadas son, en definitiva, las que ha manejado nuestra jurisprudencia: arrendamiento de obra o arrendamiento de servicios. Considerar al corretaje inmobiliario como arrendamiento de obra, enfrenta la dificultad – creemos que insalvable – de que la inmobiliaria no se puede obligar a obtener un resultado.
En el entendido de que la inmobiliaria se obliga a realizar una actividad, consideramos que presenta una analogía considerable con el arrendamiento de servicios[169]. Se obliga a desarrollar una actividad tendiente a poner en contacto a dos contratantes. La realización de esa actividad es lo que pretende el cliente cuando acude a una inmobiliaria. La obtención del resultado no puede conformar la obligación principal de la inmobiliaria, puesto que no depende de su voluntad sino de la de su cliente y del tercero (eventualmente, también, su cliente).
La sujeción del pago de la comisión a la condición de que se celebre el contrato que pretende el cliente, no debe variar la conclusión a que llegamos en el párrafo anterior. Esa condición es un resultado indirecto de la actividad desplegada por la inmobiliaria. Quien incide directamente sobre ese resultado, es el cliente, pues el resultado depende de su voluntad.
El condicionamiento del pago a la efectiva realización del negocio - sin perjuicio de ser un rasgo típico del corretaje - no es más que una modalidad de pago que encuentra su explicación en usos y costumbres que vienen desde la Edad Media. No incide sobre el contenido obligacional del corretaje ni, por lo tanto, sobre su naturaleza jurídica.

3. En todo caso, las disposiciones legales aplicables en subsidio de las dispuestas para el corretaje en el Código de comercio, no son, en principio, las del Código civil. El Código de comercio regula, también, al arrendamiento, en sus artículos 578 a 602.
Sólo después de agotadas las disposiciones sobre arrendamiento contenidas en el Código de comercio, así como las disposiciones generales sobre obligaciones y contratos previstas en ese mismo código, corresponde acudir al Derecho civil.

4. No existe ningún vacío en nuestro Derecho que justifique la creación doctrinaria de una modalidad diversa a la del corretaje, bajo el nombre de contrato de mediación.
El contrato de mediación existe en el Derecho italiano, desde la aprobación de su Código civil de 1942. Tampoco vemos razones jurídicas para importar de ese Derecho una modalidad contractual que ya existe en nuestro país con una regulación propia.

5. De cualquier manera, la evolución de nuestra jurisprudencia en este tema, es un fenómeno jurídico muy interesante, que no puede carecer de toda explicación. Si se observa con atención, se advertirá que la jurisprudencia sustentaba una posición bastante cercana a la nuestra hasta la década del 40. En el año 1948, la sentencia de Reyes ya citada en este trabajo, produce un cambio en la tendencia. Se hace evidente la influencia de la doctrina italiana sobre nuestra jurisprudencia, que culmina en los trabajos de Gamarra y Carnelli (1969), también, ya citados.
A partir de entonces, se desarrolla una jurisprudencia que le da vuelta la cara al Derecho comercial. Se parte de desconocer el carácter comercial al corretaje de inmuebles y, a partir de allí, se reelabora una regulación de lo que pasa a llamarse “contrato de mediación”, con base en la jurisprudencia y con el apoyo de la doctrina civilista.
Claro que, la honestidad intelectual de los juristas de esa disciplina, termina conduciendo al reconocimiento de la identidad existente entre el “contrato de mediación” y el corretaje que, por lo menos, vuelve a imponer la aplicación del Código de comercio, aunque más no sea por la vía de la integración fundada en la analogía.

6. Con todo respeto, entendemos que, en este caso, es un error fundar la interpretación de nuestro Derecho en la doctrina italiana. Obviamente, sin desmedro de la prestigiosa doctrina italiana que ha servido de fundamento a la jurisprudencia y doctrina civilista en este punto – Messineo, Bolaffio, Vivante – ésta se pronuncia sobre textos legales radicalmente diferentes a los nuestros. Aplicar las conclusiones de estos brillantes juristas a la interpretación de nuestro Derecho constituye un error hermenéutico fatal.
Nuestro Derecho, en esta materia, es casi idéntico al Derecho argentino. Es esa doctrina y jurisprudencia la que debiéramos consultar. Basta consultar cualquier autor argentino para verificar que su posicionamiento doctrinario y jurisprudencial está en las antípodas del que se ha desarrollado en nuestro país[170].
En forma unánime consideran que el corretaje es siempre comercial, incluso el que recae sobre inmuebles, y que le es siempre aplicable el Código de Comercio.

7. El nuestro es un caso curioso de vaciamiento del Derecho comercial en beneficio del Derecho civil. Curiosamente, también, ese vaciamiento es consentido por parte de la doctrina comercialista, a través de la negación de la vigencia de la regulación correspondiente al corredor.
Pérez Fontana sostenía respecto a esta figura:
“El corretaje es una actividad que puede considerarse actualmente perimida”[171].
En el mismo sentido, Rippe Káiser afirma:
“El corretaje tal cual está estructurado en el Código, no tiene vigencia práctica, ocurriendo que cada grupo de actividad se ha dado su propio estatuto...”[172].

Por nuestra parte, nos manifestamos partidarios de la vigencia de la regulación contenida en el Capítulo I, Título III, Libro I, del Código de Comercio que no puede ser derogada sino por otra Ley. Toda vez que exista una actividad de corretaje debe someterse a esta disciplina, salvo la regulación específica legal para ciertos corretajes[173].

8. En el caso concreto de las inmobiliarias, puede que no cumplan, en general, con las cargas y obligaciones que les impone el Código de comercio a los corredores. Esos incumplimientos podrían ser de tal entidad que, de aplicárseles el régimen previsto en los artículos 89 y siguientes del Código de comercio, nunca tendrían derecho al cobro de la comisión.
Es muy posible que ésta sea la razón última que ha llevado a buscar regulaciones alternativas a la contenida en el Código de comercio.
Esta búsqueda se encuentra con un escollo insuperable: el Código de comercio está vigente. El hecho de que muchas personas que realizan corretaje no se ajusten al estatuto legal, no significa que el Código haya quedado derogado en lo relativo a esta regulación. La Ley sólo queda derogada por otra Ley. La Ley no se deroga por un uso contrario (artículo 9 C.C.). Los estatutos corporativos no pueden ser derogatorios de la Ley[174].

9. Advertimos que el contrato entre la inmobiliaria y su cliente es, en general, una relación de consumo. Por lo tanto, se le ha de aplicar La Ley 17.250 y, en lo no previsto por ella, el Código civil (artículo 1, inciso 2).
No obstante, esto no significa, a nuestro entender, una nueva vía para evitar la aplicación del Código de comercio a las inmobiliarias. Tal como exponemos al estudiar el régimen aplicable a las tarjetas de crédito[175], consideramos que la Ley 17.250 regula las relaciones de consumo pero no regula los contratos que dan origen a tales relaciones. En nuestro concepto, las normas de la Ley 17.250 se superponen a las regulaciones particulares de cada contrato en el Código civil o en el Código de comercio. No las desplazan.
Las normas de la Ley 17.250 tienen por objeto la defensa del consumidor, imponiendo exigencias para la promoción y publicidad de ventas  o servicios, sobre información, sobre cláusulas de los contratos de adhesión y estableciendo responsabilidades para quienes las incumplen. También, hay normas sobre garantías contractuales ofrecidas por el proveedor y sobre su responsabilidad por daños causados por vicios o riesgos de cosas comercializadas o de servicios prestados.
Así, entonces, no tenemos dudas de que las normas del Código civil que se aplicarán serán las relativas a responsabilidades civiles. Sin embargo, advertimos que si se trata de un contrato comercial cualquiera – transporte, seguros, tarjeta de crédito, corretaje, etc. etc. - se le aplicarán las normas sustantivas del Código de comercio y, adicionalmente, las normas dictadas para la defensa del consumidor.
Las normas que se relacionan con las garantías ofrecidas por el proveedor, son complementarias de las previsiones de la Ley que regula los contratos. Lo mismo sucede con las normas que imponen obligaciones de información o prevén y sancionan prácticas abusivas en la oferta.
Con otras palabras, los contratos comerciales se rigen por el Código de comercio pero, además, se deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 17.250, bajo las respectivas responsabilidades.

10. Es cierto que el estatuto mercantil del corredor contiene normas anacrónicas (como la prohibición de comerciar a la mujer). Es cierto, también, que han existido desde siempre dudas como, por ejemplo, la de si el corredor es o no comerciante y, en caso que lo fuera, si debe cumplir con todas las cargas y obligaciones a que el Código de comercio sujeta a éste (adicionado con las dudas que añadió la Ley Registral respecto de la vigencia de la matrícula). Por supuesto que la regulación del Código de comercio, pasados 140 años, podría ser susceptible de mejora y que el corretaje inmobiliario podría ser objeto de alguna previsión especial.

Sin embargo, no puede desconocerse la prudencia y sabiduría de muchas de las soluciones previstas en el estatuto del corredor. Nuestro Código de comercio contiene soluciones que vienen siendo afinadas desde la Edad Media. El Código es el depositario de un acervo jurídico muy valioso, por lo que su desconocimiento o sustitución, debiera ser considerado muy cuidadosamente.
Por otra parte, las inmobiliarias son profesionales de una actividad extremamente delicada. Su correcta actuación es fundamental para el funcionamiento adecuado del mercado inmobiliario. Tanto los clientes de las inmobiliarias como la sociedad en general y el propio Estado, tienen interés en que la actuación de estos corredores esté sujeta a una regulación exigente y meticulosa.
La severidad del régimen a que se encuentra sometida la profesión de corredor es la adecuada contrapartida de la sustitución del régimen corporativo limitacionista por un régimen liberal, en el cual lo único que debe realizar una persona para ser corredor es someterse a su estatuto legal.
Al no estar colegializada esta profesión, es nuestra jurisprudencia el único bastión sobre el cual recae la defensa de las leyes vigentes. Si las leyes no son las mejores o no son convenientes, le corresponderá al Poder Legislativo su sustitución por leyes mejores. Hasta tanto, al Poder Judicial le corresponde hacer cumplir las leyes y a las inmobiliarias les corresponde someterse al estatuto legal, mal que les pese.

Clase completa en: http://www.derechocomercial.edu.uy/ClaseContCtaje04.htm

Perfil del Dr. Carlos Eduardo López Rodríguez

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